Estrategias en Finanzas Públicas…
“Candado” garantizará transparencia en
endeudamiento de gobiernos estatales y municipales.
Reunión
extraordinaria de comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios
Legislativos Segunda y de Hacienda y Crédito Público, para discutir y, en su
caso, aprobar el proyecto de dictamen en materia de deuda de estados y
municipios.
Boletín de PRENSA /
México, D. F.—El pleno senatorial dio este jueves primera lectura al dictamen
que faculta al Senado de la República a aprobar o, en su caso, objetar las
estrategias de ajuste de finanzas públicas de los estados que registren niveles
elevados de deuda.
Previamente, el
documento fue aprobado por mayoría en las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda y de Hacienda y Crédito
Público.
Durante su discusión en
comisiones, el senador priista Raúl Cervantes Andrade aseguró que el dictamen
atiende puntualmente las opiniones de gobernadores, presidentes municipales,
calificadoras, bancos, de la Secretaría de Hacienda, de diversos niveles de
gobierno y del Senado de la República.
Por su parte, el senador
panista José María Martínez Martínez anunció su voto en abstención del dictamen
y explicó: “Me parece que no está
resolviendo en fondo absolutamente nada de lo importante” y calificó el
dictamen como un cambio cosmético a la ley suprema con respecto a la deuda,
“toda vez que no se contemplan ni mecanismos de control; ni principios de
transparencia, de rendición de cuentas y, sobre todo, dijo, porque “no estamos
topando los abusos irracionales de parte de los estados”.
Sin embargo, reconoció
avances con “la creación de un registro
único de deuda en cuanto al
establecimiento ya, de manera concreta, de la atribución del Congreso de
la Unión para legislar en esta materia y también en caso de los estados, darle
esta atribución”, pero reiteró que lo importante no fue tocado, ni se está
aprobando en este dictamen.
En uso de la palabra, el
presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas
Rodríguez, reconoció que el trabajo realizado cubrió “de manera muy puntual los compromisos que asumimos para este dictamen
que incluye seis iniciativas de diferentes fracciones políticas”.
Indicó que si bien
existen aspectos que habrán de perfeccionarse en leyes secundarias,
particularmente en cuanto al aval federal para el endeudamiento estatal, en los
hechos el avance se sustenta en “un debate central en este tema que tiene que ver fundamentalmente con
las facultades y atribuciones que puede asumir el Congreso de la Unión”.
Por su parte, las
diputadas priístas Claudia Pavlovich Arellano y Diva Hadamira Gastélum Bajo,
destacaron que se ha logrado colocar un “gran
candado” para garantizar la transparencia en el endeudamiento de gobiernos
estatales y municipales.
Gastélum Bajo rechazó
que se pretenda acusar que sólo se “maquilló”
la ley, pues no se hicieron cambios “por
encima” sino que se fue al fondo en la legislación, con lo cual será posible
eliminar la politización de un asunto tan delicado como el sobreendeudamiento
de estados y municipios.
Lo más importante,
destacó, es que “dejemos de repartirnos culpas, donde todos somos responsables, el
mayor avance es que ha dejado de endosarse a la Hacienda Pública y de embargarse
recursos que no le corresponden al mandatario en turno”.
Por su parte, el senador
Pablo Escudero Morales, del PVEM, coincidió en que falta mucho por hacer para
atender la deuda de los gobiernos locales, por lo que habrá de resolverse en
leyes secundarias pero, subrayó, hay un “buen
paso” constitucional en este tema que ocupa y preocupa al Congreso.
En el proyecto, que
modifica diversos artículos de la Constitución en materia de disciplina
financiera de las entidades federativas y municipios, se establece que los
senadores, a través de la Comisión de Hacienda, podrán analizar los convenios
que esos órdenes de gobierno pretendan celebrar con el Gobierno Federal para
tener acceso al mecanismo de deuda estatal garantizada.
Se explica que después
de analizar dichas estrategias, el Senado podrá objetarlas si considera que no
son viables, además prevé que los municipios con niveles elevados de deuda que
suscriban este tipo de convenios deberán informar al respecto a este órgano
legislativo.
Asimismo, la Cámara de
Senadores conocerá los acuerdos suscritos por estados que no tengan un
endeudamiento elevado, pero que buscan acceder a este mecanismo para reducir el
costo financiero de su deuda.
Al respecto, los
legisladores dejaron en claro que esta intervención no vulnera el pacto
federal, pues “la sanción del Senado es
excepcional y su participación es resultado de la voluntad manifiesta de las
entidades federativas, además de que el Gobierno Federal otorga su garantía”.
Precisaron, que al
otorgar la garantía federal automáticamente los recursos que los estados y
municipios lleguen a obtener por este mecanismo, “se vuelven asunto de la Federación.”
En el texto del dictamen
se destaca que se desechó la idea de que el Senado condicione o autorice la
contratación de financiamiento de estados y municipios, ya que ello vulnera el diseño federal y
politizaría esta situación.
Se le otorga al Estado
la responsabilidad de “cuidar” que la
hacienda pública procure el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad
financiera y, para ello, tomará en cuenta los ciclos económicos nacionales e
internacionales e incluirá su planeación en el Plan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado, acordaron
facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir leyes en materia de
responsabilidad hacendaria y de coordinación fiscal, las cuales deberán contemplar
el manejo sostenible de las finanzas públicas.
De igual forma,
convinieron que las legislaturas locales tengan la obligación de expedir sus
propias leyes en la materia y aprobar los montos de endeudamiento por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
También se prohíbe
expresamente que los recursos de los empréstitos se destinen a cubrir gasto
corriente y se considere como deuda a las operaciones realizadas por organismos
descentralizados y empresas públicas, mediante fideicomisos.
Se faculta a los
gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios, con el objetivo de
facilitar el acceso al crédito bajo condiciones financieras más favorables y se
mantiene la obligación de reportar el uso del endeudamiento público en la
Cuenta Pública correspondiente.
Otra de las medidas que
se incluyen en la reforma es la creación de un registro público único de
empréstitos y obligaciones, que permitirá fortalecer la transparencia y
rendición de cuentas sobre el uso del endeudamiento, además brindará certeza a
las operaciones financieras que realicen dichos órdenes de gobierno.
Asimismo, se instituye
el Sistema de Alertas, que será “un
instrumento clave para el seguimiento sobre el uso del endeudamiento público”.
La enmienda también
prevé la posibilidad de estados y municipios puedan contratar financiamientos
de corto plazo, a efecto de cubrir sus necesidades de flujo, el cual estará
sujeto a los límites y condiciones que se establezcan en la legislación federal
y “siempre que se liquiden totalmente a
más tardar tres meses antes del término del período de gobierno correspondiente”.
De igual manera, los
senadores consideraron viable que se apliquen las sanciones penales
correspondientes a quien falsee o desvirtúe información para “engañar u ocultar la real situación
financiera”.
