José
Rosas Aispuro Torres, vicepresidente de la Mesa Directiva.
Boletín de PRENSA / México, D. F.—El pleno de la Cámara
de Senadores aprobó con 85 votos un dictamen donde se establecen las condiciones
en las cuales el Ministerio Público Federal podrá atraer delitos del fuero
común cometidos contra periodistas, medios de comunicación y ataques contra las
libertades de información y expresión.
De manera unánime, la asamblea avaló reformas a diversas
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de las leyes
orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de
la República, así como del Código Penal Federal.
En el texto se señala que estos cambios permitirán a las
autoridades federales brindar una mejor atención a los periodistas y personas
que se dedican a actividades relacionadas a la libertad de expresión, quienes
en los últimos años han sufrido vejaciones, ataques a su integridad física,
privaciones de su libertad y otro tipo de vulneraciones de sus derechos.
Deja en claro que en México las personas que realizan la
actividad del periodismo se encuentran en una situación vulnerable y su
integridad física y vida pueden verse amenazadas tanto por agentes estatales
como no estatales.
Hace notar que la mayoría de los casos de agresiones a
periodistas encuadran en los delitos del orden común y muchos de ellos son
permitidos o generados por las autoridades locales, por lo que la justicia se
hace inaccesible para las víctimas.
Esta reforma promoverá el fortalecimiento de la
estructura orgánica encargada de conocer de este tipo de delitos, ya que se
asegura que se agotará la línea de investigación que emprenda la PGR sobre
delitos relacionados con el derecho a la información y la libertad de
expresión.
“Los delitos en
contra de periodistas o medios de comunicación serán investigados hasta su
conclusión, evitando que, por tecnicismos orgánicos, éstas se vean relegadas en
el proceso investigativo del órgano ministerial”, se precisa en el documento.
Uno de los aspectos destacados de esta serie de
modificaciones es conferir al Ministerio Público de la Federación la facultad
de atraer y a los jueces federales la competencia para juzgar delitos del fuero
común cometidos contra quien ejerza el periodismo, siempre que se presuma intencionalidad
dolosa.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil
Zuarth, señaló que el Senado aprobó un dictamen de relevancia para la vida
democrática del país y para fortalecer mecanismos de protección a periodistas.
El senador de Acción Nacional destacó que se logra un
avance en la defensa de la libertad de expresión y se establece la conectividad
de delitos del orden federal y local con la facultad de atracción por parte del
MP.
Condenó que hoy en día no sea seguro ejercer la actividad
periodística y calificó de penoso el hecho de que México ocupe el primer lugar
en el mundo en el que ser periodista implica el mayor riesgo de atentado contra
la vida.
“México no puede
tener el indecoroso lugar de ser el país donde la profesión periodística se
ejerza con miedo. Estamos empeñados en crear mejores mecanismos legales y
constitucionales para hacer efectivo los derechos de información y expresión”, manifestó.
Por su parte, la titular de la Comisión de Derechos
Humanos, Angélica de la Peña Gómez, sostuvo que al aprobar este dictamen el
Senado da “un gran paso” en la
atención al reclamo que el gremio periodístico ha exigido al Congreso para que
haya garantías en las actividades que éstos desempeñan.
Aseguró que estas modificaciones no demeritan el trabajo
de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra
Periodistas.
“No es atribución
desaparecer la Fiscalía” porque fue creada
por un decreto de la PGR, en función de sus facultades inscritas en su Ley
Orgánica, explicó la legisladora perredista.
Se pronunció por continuar con el esfuerzo de fortalecer
al Estado de derecho y otorgar a los ministerios públicos atribuciones para que
no exista impunidad.
En tanto, la senadora priista Cristina Díaz Salazar,
presidenta de la Comisión de Gobernación, celebró esta nueva regulación del
derecho a la libertad de expresión en beneficio de aquellas personas que
ejercen el periodismo.
Señaló que la reforma reconoce que los comunicadores son
un sector contra el que se han acentuado las agresiones y violaciones a sus
derechos humanos.
“Gran parte de las
agresiones contra la libertad de expresión constituyen delitos de competencia
de la autoridad local, y cuando éstos trasciendan del ámbito de las entidades
federativas, serán investigados por la autoridad federal para garantizar mayor
eficacia y evitar la impunidad”,
aclaró.
Por su parte, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD,
expuso que al proteger la labor periodística, el Senado también rinde un reconocimiento
al senador Belisario Domínguez, en el año del centenario de su asesinato.
“Estamos haciendo
votos por reconocer este pilar fundamental de la democracia. Sólo con el libre
ejercicio de este derecho podremos pensar que México es un país democrático,
pero mientras haya periodistas que cierren sus medios, no podemos decir que México
lo es”.
En su turno, el senador del PAN, Fernando Yunes Márquez,
dijo que los delitos en las entidades federativas no son perseguidos de manera
correcta. “Se ha buscado asesinar a la
libertad de expresión y la divergencia de ideas”.
“No podemos — dijo—
dejar pasar por alto que muchos estados son más complicados que cubrir un conflicto
armado en Afganistán. No podemos permitir que la libertad de expresión se vea
asesinada en México, que los medios sean desmantelados por no coincidir con las
ideas de los gobiernos”.
La senadora Graciela Ortiz González, del PRI, expuso que
México ha sido nombrado el país latinoamericano más peligroso para ejercer el
periodismo, al ocupar el lugar 149 de 179 en el ranking mundial según la organización no gubernamental Reporteros
sin Fronteras.
La incidencia de crímenes fatales contra periodistas en
el sexenio pasado aumentó en más de 240 por ciento respecto a la administración
de Vicente Fox. En promedio, 10.4 homicidios de periodistas por año fueron se
registraron en la administración de Felipe Calderón, manifestó.
Para hablar a favor del dictamen, la senadora Mariana
Gómez del Campo Gurza, de Acción Nacional, subrayó que las reformas legales aprobadas
continúan la construcción de un México respetuoso de la libertad de expresión y
del derecho a la información, que es parte central de los derechos
fundamentales de las personas.
Garantizar la impartición de justicia en los casos en que
los periodistas y medios de comunicación se vean vulnerados en sus derechos o
relacionados con su actividad, explicó, es una obligación irrenunciable de las
autoridades, en especial de las que deben legislar la reglamentación secundaria
de la facultad de atracción avalada.
La legisladora también hizo un llamado al presidente de
la República para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad porque las
reformas aprobadas, a pesar de ser un avance importante en la protección del
derecho de expresión, son insuficientes si no se implementan acciones serias
que conlleven estrategias puntuales del gobierno federal.
En tanto, el senador perredista Benjamín Robles Montoya
destacó que la CNDH dio a conocer en el año 2000 que se recibieron 807 quejas
por agravios a periodistas y que desde 2005 fueron registrados 82 homicidios y
18 desapariciones de comunicadores.
Dijo que en los últimos cinco años se han investigado 28
ataques en contra de instalaciones de medios de comunicación, razón por la que
es importante el tema y la necesidad de que el Senado asuma el compromiso de
sacar adelante la reforma, “por los
riesgos y amenazas que la realidad impone al ejercicio de la labor
periodística, libertad de expresión y derecho de información”.
“Vale la pena
recordar que el relator especial de ONU sobre protección del derecho a la
libertad de expresión y de opinión,
señaló que en México las agresiones contra periodistas no provienen solo
del crimen organizado sino del Estado”, como represalia en contra de quienes
investigan asuntos públicos como corrupción”, puntualizó.
En su oportunidad, el senador del Partido del Trabajo,
Marco Antonio Blásquez Salinas, enfatizó que la eliminación, en el dictamen, de
la Fiscalía Especial para Atender los Delitos Contra Periodistas, es
preocupante, pues buscaba proteger su labor, con lo que se descarta la
posibilidad de que sean creadas también a nivel estatal.
La creación de la Fiscalía, explicó, no es un capricho
que el gremio y las agrupaciones demandaran sino una realidad, una necesidad
absoluta y al negar su creación se genera una iniciativa incompleta.
Asimismo, invitó a la Procuraduría General de la
República a contemplar en el marco de los 180 días de restructuración, la existencia de la Fiscalía, a fin de que se
fortaleza o se especifique con claridad qué instancia será la competente para
investigar los delitos relacionados con la libertad de expresión.
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde
será analizado.
