Autoridades Municipales, de Transporte Público, Tránsito y Vialidad, y concesionarios en conjunto pueden resolver el complejo problema de vialidad
v Aplicando la Ley 589, con sus nuevas reformas en forma estricta terminaría con todas las irregularidades que cometen concesionarios y conductores
v El endurecimiento de la Ley afectaría también, en gran medida a usuarios de escasos recursos al reubicar terminales
v Es necesaria la mesa de diálogo entre todos los implicados para buscar soluciones equilibradas que beneficien a usuarios y a prestadores del servicio de transporte
Juan Carlos Absalón/San Andrés Tuxtla, Ver.—Cuando se busca solucionar problemas y estos resultan un tanto complejos, porque requerimos la participación de los demás, es importante trabajar en conjunto para lograr buenos resultados y así también el beneficio de todos.
Uno de los grandes retos, entre otros más, que tendrá la próxima administración municipal de esta cabecera de distrito, será el tema de la vialidad, una tarea que ha caído en varios vicios de la que habrá mucho que rescatar y poner en orden.
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| LICENCIADO RAFAEL HERNÁNDEZ ROCHA |
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| INGENIERO RAFAEL FARARONI MORTERA |
Y cuando incluimos a las autoridades municipales es porque la Ley 589 de Tránsito y Transporte del Estado de Veracruz, lo cita en su Art. 2, que refiere que la aplicación de esta Ley y sus reglamentos corresponderá a las autoridades estatales y municipales en los términos que la misma dispone; y el Art. 18, que dice que son Autoridades de Tránsito, Frac. I, Los Ayuntamientos, II, Los titulares de las dependencias de Tránsito Municipales y, III, Los servidores públicos de las dependencias de tránsito municipales.
Para ello es bueno precisar que el ingeniero Rafael Fararoni Mortera, ha mostrado gran disposición e interés desde antes de iniciar su mandato, ya que en entrevista realizada por el que esto escribe, en fechas pasadas fue muy claro al decir que todo motociclista que conduzca sin casco a partir del 1 de enero del 2011, será sancionado por las autoridades de Tránsito, esto lo aseveró, preocupado por garantizar la vida de la juventud temeraria que conduce sin responsabilidad alguna.
Aquí en este punto como principal gestor de su municipio, es bueno recordar que las autoridades de Tránsito cuentan con escasos elementos y que una de las necesidades básicas es precisamente esa, que falta personal para controlar una vialidad que crece a pasos agigantados.
Recordemos que el último estudio de vialidad que se hiciera durante la administración municipal que termina su mandato este 31 de diciembre, registró un promedio de al menos 25 mil vehículos existentes en San Andrés Tuxtla.
En el antecedente de que quienes trazaron esta ciudad, nunca previeron el crecimiento demográfico, mucho menos el incremento considerable del parque vehicular.
Actualmente lo reducido de sus arterias vehiculares, aunado a la entrada de vehículos ligeros (con capacidad menor de carga de 3.5 toneladas) y los pesados (con capacidad de carga de de 3.5 toneladas en adelante); el no poner en práctica por parte de la mayoría de los conductores, la educación vial que reciben en cursos impartidos por el Instituto Veracruzano del Transporte (IVT), ignorando los conocimientos adquiridos en las clínicas de vialidad, al estacionar vehículos en cualquier punto de la ciudad; en suma todo ello contribuye en gran medida al caos vial que se vive diariamente en esta ciudad.
Cuando señalamos que muchos han contribuido al desorden vial, tenemos a la línea de transportes locales más antigua que existe en Los Tuxtlas, cuyos socios a la fecha no han respetado los acuerdos asentados en una minuta, sólo los de la línea ADO, que circulan microbuses, ya no autobuses, microbuses que prestan el servicio colectivo.
Al mencionar el servicio colectivo que se presta en forma desigual, ha provocado una lucha frontal entre los demás prestadores del servicio público en sus diferentes modalidades, lo que es la manzana de la discordia todos los días, sin descanso alguno.
Bien, el problema del transporte también cita que diariamente tenemos la circulación de vehículos pesados, entre los que surten a la central de abastos y a tiendas de abarrotes; los autobuses que ya no debieran circular en el centro de la ciudad, y como señalamos líneas arriba una de las empresas más antiguas en el municipio no ha acatado los acuerdos signados en minuta.
Es notorio que ya no tenemos camiones volteos en el centro de la ciudad; pero sí tenemos circulando pipas con el transporte de gas doméstico para surtir domicilios particulares y negocios, lo que siempre es un riesgo para la ciudadanía que cruza por las zonas en los momentos de descarga.
Y como mencionamos al principio de esta entrega, no existirían tantos problemas de tránsito si los conductores aplicarán un poquito de lo impartido en las clínicas de vialidad; ya que señala la Ley en su Capítulo VI, en su Art. 20 que el Instituto Veracruzano del Transporte, es un organismo precisamente para capacitar a los conductores, trámite necesario para la obtención de la licencia de conducir, según la modificación del 2 de Abril en su Fracc. V.
Al citar la expedición de licencias, encontramos que el Capítulo VI, en el Art. 61, señala que se suspenderá la licencia por 3 infracciones acumuladas, o cuando el chofer conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia tóxica.
Y conforme a lo reformado desde el 2 de abril del 2010, se cancelará la misma a conductores del transporte público de pasajeros, en la modalidad de urbanos, suburbanos o foráneos, cuando conduzcan en estado de ebriedad; cuando al provocar un accidente abandonen a un lesionado, o por alterar la tarifa.
Así también se cancelará la vigencia de una licencia según el Art. 62, por causar la muerte de una persona, o ser responsable de daños por segunda ocasión.
Como se puede observar, hay mecanismos para someter al orden en muchos de los aspectos las imprudencias e irregularidades que cometen los conductores, y la batalla es mayor con los del transporte público, y aunque las leyes no debieran ser tan flexibles existen sus elasticidades en este sentido.
En la reflexión, para el titular del Transporte Público a nivel regional, refiere que si se aplicara la Ley al 100% los choferes o conductores prácticamente no tendrían trabajo ni los concesionarios; por ello se buscan los mecanismos de equilibrio ya que la ciudadanía requiere del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades.
Hernández Rocha, considera, en el sentido humano, que todos los que implicados en la prestación de servicios, cualquiera que este sea, en el caso particular del transporte público, existen ventajas y desventajas para quienes trabajan en ello.
Por ejemplo al sacar las terminales como deben ser, a orillas de la ciudad, al menos en el transporte mixto rural, los taxis locales tendrían la ventaja de prestar un servicio normal, sin embargo, hay que considerar que la gran mayoría de gente que viene de las comunidades carecen de los medios económicos para pagar un servicio extra, y por ello al adentrarse los taxis rurales a la ciudad, “ayudan” al usuario. Esto afecta a los taxis locales.
Otro ejemplo, el descenso de pasaje en la carretera federal, para jóvenes no es tanto problema el caminar, pero para personas de la tercera edad y niños, si lo es.
Sin embargo, hay que ver que los transportes del servicio mixto rural tienen una concesión para prestar el servicio en sus comunidades, y así lo marca la Ley 589, LA CONCESIÓN OTORGADA ES PARA PRESTAR EL SERVICIO PARA EL LUGAR SOLICITADO. Es decir, si el permiso otorgado por el Estado, es para la comunidad El Laurel, por decir alguno; es ahí donde debe prestar el servicio y si éste es requerido para hacer un viaje a la ciudad de San Andrés Tuxtla, el servicio así será; ascenso en la comunidad El Laurel, y descenso en la ciudad de San Andrés Tuxtla. Nada más.
El problema que existe es que el conductor del taxi rural viene a la ciudad de San Andrés Tuxtla, y se estaciona hasta que regresa lleno a su comunidad, cuando el servicio ya está pagado, de ahí que muchos quieran hacer servicio colectivo.
Por ello es el reclamo de los taxistas locales o citadinos, si la lucha laboral fuera equilibrada los taxis rurales traerían gente a la ciudad y los locales los regresarían a las comunidades, esto sería un servicio equilibrado, una situación muy compleja donde las autoridades municipales, de tránsito y vialidad y del transporte público, junto con concesionarios, prestadores del servicio público en sus distintas modalidades tienen que sentarse muchas veces en la mesa del diálogo para lograr avanzar en acuerdos que se lleven a la práctica.
Hernández Rocha, así lo señala como una situación que tiene solución, pero que las partes implicadas deben participar y adentrarse en la densa situación que logre un equilibrio en la prestación del servicio y donde la ciudadanía también coopere.
Los taxistas locales son los que más batallan, porque antes, tanto en el servicio local como en el servicio colectivo obtenían grandes ganancias, donde han comentado algunos taxistas viejos (ruleteros) que en un día se llegaban a ganar libres de gastos de gasolina, y de la cuota que les exigen los patrones (concesionarios) hasta 400 y 500 pesos.
Hoy la situación ha cambiado radicalmente; un concesionario (trabajando como chofer) señala que en días malos, como así lo suelen llamar cuando no hay ganancias para ellos, al día obtienen 80 pesos por turno; en estos días por temporada alta para ellos, por la época decembrina, el reparto de aguinaldos donde muchos ciudadanos pueden darse el lujo de usar el servicio de taxis, se están ganando entre 200 y 300 pesos al día; es decir por doble turno, lo que equivale a un día de trabajo.
Estamos comentando de más de 900 taxis que están prestando sus servicios, y que se espera esta cifra de taxis llegue a mil 200 unidades prestadoras de este servicio.
Al ver cómo se les está complicando la situación al transporte público en esta modalidad, nos encontramos que un limpiador de calzado (bolero) puede ganarse hasta 200 pesos por día, en 8 horas de trabajo, y sin tener que estar pagando combustible, mantenimiento de vehículos y comisión para un chofer, además de prestaciones si es necesario en el caso del patrón o concesionario.
De seguir así la situación, el licenciado Rafael Hernández Rocha, Delegado Regional de Transporte Público con sede en esta cabecera distrital, considera que dentro de un año, un promedio de 500 taxis quedarán parados, por falta de recuperación para la renovación del mismo; es decir, estarán en quiebra los concesionarios de estas unidades, producto de la lucha desigual en el transporte público y porque aunque siga siendo necesario este servicio, las utilidades que logren ya no les darán margen de ir renovando sus vehículos como lo exige el Reglamento.
Es necesaria la reflexión para las personas físicas o morales, a quienes el Estado les ha otorgado una Concesión, ya que es claro el Art. 4, Fracc. II, se otorga la concesión para prestar el servicio de transporte público, el cual está considerado como un patrimonio para las familias que obtengan un beneficio económico para el sustento de las mismas. Beneficio que la gran mayoría no cuida como tal.
Y es que hay que señalarlo, si se aplicara el Reglamento ya muchas unidades del transporte público estarían fuera de circulación así como sus conductores, éstos últimos no acatan las disposición de Tránsito, y con ello, en los tiempos que vienen no se actuará con mano dura, sino con mano firme, según dejó entrever el Delegado Regional del Transporte Público.
No es posible que haya que estar batallando contra tanto conductor irresponsable; la falta de uso del cinturón de seguridad (Art. 45); peor aún cuando cargan combustible con pasaje a bordo (Cap. VII/Art. 73). También los daños ocasionados por los conductores están contemplados en las responsabilidades que deben de cubrir (Cap. VII/Art. 74); transportar en la unidad sólo el número de personas especificadas en la tarjeta de circulación correspondiente (Art. 75) ¿y cuántos de ellos respetan esta disposición? Siempre los hemos sorprendido llevando pasaje demás.
El Capítulo IX, que señala sobre las paradas y estacionamientos, en su Art. 89, dice muy claro que queda prohibido establecer zonas de estacionamiento exclusivo en la vía pública.
Y tendríamos que ocupar no una edición, sino varias cuando citamos el Art. 90, que dice: Para el ascenso o descenso de pasajeros, los conductores de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público se detendrán a la orilla de la vía, en los lugares autorizados, a efecto de no ocupar la superficie de rodamiento. En las zonas rurales, lo harán en las áreas destinadas para ello y, en su defecto, en un lugar fuera de la superficie de rodamiento. Los conductores tomarán las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los demás vehículos. El Reglamento señalará, al respecto, las obligaciones de los conductores.
Ahora vayamos a la calle Matías Romero, donde los pasajeros abordan las unidades en la vía pública, obstruyendo la vialidad y el acompañamiento como siempre, son los recordatorios familiares.
Así como las leyes se han endurecido para sancionar a tantos infractores en diferentes conceptos, así tendrán que llegar los tiempos en que el Gobierno del Estado de Veracruz, donde el mandatario estatal en campaña, doctor Javier Duarte de Ochoa, a través de las mesas de diálogo abierto, o con la ciudadanía, recibió quejas, demandas e iniciativas para regular el transporte, instruya aplicar las reglas sin miramientos de padrinazgos políticos, ni el influyentismo que prevalece y que obstaculiza el trabajo de Transporte Público y de Tránsito y Vialidad.
Seguiremos informando.
